La Ley de Atención Sanitaria Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) fue una reforma imperfecta e incompleta. Los compromisos políticos necesarios para sacarla adelante en el Congreso crearon un sistema complejo que dejaba fuera a demasiada gente. Su financiación también era insuficiente, y por eso, los copagos son a menudo dolorosamente elevados. Y la ley ha sido saboteada por los Gobiernos estatales controlados por el Partido Republicano, y desde 2017, por el Gobierno de Trump.

Sin embargo, a pesar de todo eso, la ley ha mejorado enormemente las vidas de muchos estadounidenses, y, en muchos casos, ha salvado vidas que, de otra manera, se habrían perdido por una atención sanitaria inadecuada. Los progresos han sido más espectaculares en los Estados que han intentado que funcione la ley. Antes de que la ACA entrase en vigor, el 24% de los adultos californianos que eran demasiado jóvenes para disfrutar de Medicare no estaban asegurados. Actualmente esa cifra ha descendido hasta el 10%. En Virginia Occidental, los no asegurados pasaron del 21% al 9%. En Kentucky, cayeron del 21% al 7%. En general, aproximadamente 20 millones de estadounidenses que no habrían tenido seguro sanitario sin la ACA ahora lo tienen.

Por otro lado, ninguna de las alarmantes predicciones que hicieron los conservadores sobre la ley se ha cumplido. No hundió el presupuesto, y, de hecho, los déficits han disminuido de manera constante incluso cuando la ACA entró en vigor. No ha disuadido a los trabajadores de aceptar trabajos: el empleo de los estadounidenses entre 25 y 54 años vuelve a ser como antes de la crisis económica. Y a pesar de los denodados esfuerzos de Donald Trump por socavarlo, el sistema no está en una “espiral mortal” porque las aseguradoras ganan dinero y las primas se han estabilizado.

En resumidas cuentas, el Obamacare es un éxito. Y los ciudadanos estadounidenses desaprueban en gran medida los intentos republicanos de destruirlo, que se podría decir que es la principal razón por la que a los demócratas les fue tan bien en las elecciones de mitad de mandato.

Pero los republicanos siguen odiando la idea de ayudar a los estadounidenses a recibir la atención sanitaria que necesitan. Siguen decididos a destruir los avances que hemos conseguido. Y por si no se han dado cuenta, el Partido Republicano actual no cree que la voluntad de los votantes deba determinar la política, o que el Estado de derecho tal como se entiende normalmente deba limitar los esfuerzos de la derecha para conseguir lo que quiere.

Lo que me lleva a la demanda federal que actualmente se ventila ante el Tribunal de Apelación del Quinto Circuito, una demanda interpuesta por los fiscales generales de 18 Estados, y respaldada por el Gobierno de Trump. Esta demanda afirma que toda la ley es inconstitucional y debería anularse. Los argumentos de los demandantes son claramente engañosos y han sido planteados con evidente mala fe. Pero un juez de un tribunal inferior ya se ha pronunciado a favor de la demanda, y los primeros indicios dan a entender que los dos jueces nombrados por los republicanos del tribunal compuesto por tres jueces que estudia el recurso podrían estar de acuerdo.

Pero, esperen, ¿no hemos vivido esto ya antes? Sí. En 2012, el Tribunal Supremo dictaminó que el Obamacare era efectivamente constitucional. En un litigio fundamental, la constitucionalidad de la obligación personal (el requisito de que las personas estén aseguradas o paguen una multa), el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dictaminó que la multa constituía un impuesto, y que los impuestos son claramente constitucionales. Por tanto, la ley se mantuvo.