El castigo corporal está prohibido en los centros de entrenamiento militar de Estados Unidos y ya no puede utilizarse como condena para un delito. Está prohibido en los programas de educación temprana para familias de bajos ingresos, conocidos como Head Start, así como en la mayoría de los centros de detención juvenil.

Sin embargo, en muchos estados de Estados Unidos hay un lugar donde está permitido dar golpes, nalgadas o cachetadas: la escuela.

De acuerdo con la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, más de 106.000 niños fueron físicamente disciplinados en escuelas públicas durante el año escolar 2013-2014, el año más reciente del que se tienen estimaciones de datos a nivel nacional.

A pesar de que esa cifra ha disminuido con el paso de los años, algunos investigadores han descubierto que los estudiantes de raza negra, los varones y los alumnos con alguna discapacidad siguen recibiendo castigos físicos con mayor frecuencia que el resto de sus compañeros.

Los proyectos de ley que proponen una prohibición absoluta del castigo corporal no han cobrado mucho impulso; sin embargo, en los últimos dos años Tennessee y Luisiana han modificado sus leyes con el fin de proteger a los niños con discapacidad, quienes son algunas de las personas más vulnerables en esos estados.

Estos son cinco aspectos importantes sobre esta práctica y los motivos que explican por qué ha perdurado.

El castigo físico sigue siendo legal en diecinueve estados

Los castigos corporales, que se definen como pegar con una palmeta, dar nalgadas u otras formas de disciplina física, son legales en las escuelas públicas de diecinueve estados, principalmente los del sur, y también están permitidos en las escuelas privadas de 48 estados.

Los estudiantes normalmente reciben nalgadas administradas con palmetas de madera, que pueden medir hasta 60 centímetros de largo y varios centímetros de ancho.

Esta práctica mantiene su legalidad gracias a una decisión que la Corte Suprema tomó hace más de cuarenta años. En el caso de Ingraham contra Wright de 1977, la corte dictaminó que el castigo corporal en las escuelas públicas era constitucional, lo que implicaba que cada estado podía establecer sus propias reglas con respecto a las medidas físicas para disciplinar a los estudiantes.

Ningún otro caso de castigo físico ha llegado a los tribunales supremos desde entonces.

Aunque son diecinueve los estados que permiten el castigo corporal, hay distritos escolares dentro de esos estados que rechazan estos escarmientos físicos y fomentan otras formas de disciplina, o dejan que los padres decidan las medidas, lo cual en ocasiones ha provocado que la práctica desaparezca casi por completo.

En Carolina del Norte, el último distrito escolar que permitía la reprensión física, se votó en octubre para prohibir la práctica, con lo cual quedó erradicada por completo en el estado, a pesar de que técnicamente sigue siendo legal.

En ciertos lugares, especialmente en algunas zonas rurales, muchos padres consideran que es culturalmente admisible, e incluso preferible, que un niño reciba unos cuantos bofetones a una suspensión.

“Los distritos que todavía implementan el castigo corporal realmente lo defienden y están convencidos de que ‘funciona’ para cambiar la conducta de los alumnos” a pesar de que “no existe ninguna investigación que respalde ese argumento”, dijo Elizabeth T. Gershoff, profesora de Desarrollo Humano y Ciencia Familiar en la Universidad de Texas, campus Austin, que ha estudiado los métodos físicos de disciplina en las escuelas públicas.

Los castigos no se distribuyen equitativamente

Un informe reciente de la Oficina para la Responsabilidad del Gobierno (GAO), en el que se analizaron datos a nivel federal del año escolar 2013-2014, encontró que los estudiantes de raza negra, los varones y los alumnos con alguna discapacidad reciben castigos con mucha más frecuencia que sus compañeros. Por ejemplo, los niños de raza negra tuvieron una representación excesiva de 22 puntos porcentuales entre los estudiantes que eran reprendidos físicamente.

En un estudio anterior publicado en la revista Social Policy Report se analizaron los datos del año escolar 2011-2012 y se encontraron desigualdades parecidas. Según los datos estudiados, tanto en Alabama como en Misisipi, era cinco veces más probable que los niños de raza negra recibieran un castigo físico en comparación con los de piel blanca.

Ambos análisis demostraron que los niños tenían probabilidades mucho más altas de ser disciplinados con golpes que las niñas, y las disparidades en materia de discapacidad eran demasiado frecuentes.

Los legisladores intentan proteger a los estudiantes con discapacidad
Durante los últimos dos años, los legisladores de Tennessee y Luisiana han aprobado leyes que prohíben el castigo físico para los estudiantes con discapacidad.

Los funcionarios de Tennessee descubrieron que los niños con discapacidades recibían escarmientos físicos mucho más a menudo que otros alumnos en casi un 80 por ciento de las escuelas públicas del estado que hacían uso del castigo corporal. Los detalles se incluyeron en un informe de la oficina del auditor del estado de Tennessee para la responsabilidad en la investigación y la educación, en el cual se utilizaron datos a nivel federal con el fin de analizar cuatro años académicos distintos.

Del mismo modo, en Luisiana los estudiantes con discapacidad eran castigados con una frecuencia desproporcionada con respecto a sus demás compañeros.

Los legisladores en ambos estados han intentado prohibir por completo los actos físicos de disciplina, pero se han topado con una fuerza de resistencia.

“Es la papa caliente que nadie quiere tocar”, opinó Anna Caudill, directora ejecutiva de Post Adoption Learning Services, una organización con sede en Tennessee que apoyó la aprobación del proyecto de ley que protege a los estudiantes con discapacidad.

Esto se debe en parte a que “la gente se reserva la potestad de disciplinar a sus hijos como mejor le parezca”, agregó Caudill.

En ese tenor, la nueva ley de Tennessee todavía permite que los padres de niños discapacitados opten por la reprensión física. Fue una adición necesaria para lograr que la legislación se aprobara, de acuerdo con el representante estatal Jason Powell, el promotor principal del proyecto de ley.

“Se me pidió que cediera en ese aspecto”, admitió Powell en una entrevista, no sin antes añadir que “detestó incluir” esa disposición.

La última vez que un estado prohibió el castigo corporal fue hace casi más de una década
Siguiendo el ejemplo de muchos otros estados, Nuevo México prohibió los castigos físicos en 2011. Sin embargo, no ha habido ninguna otra prohibición del estilo a nivel estatal desde entonces.

En diciembre, un legislador de Kentucky presentó anticipadamente un proyecto de ley que pretendía acabar con el uso de nalgadas, sacudidas o azotes en las escuelas del estado. En 2017, un proyecto de ley similar no fue aprobado.

También se han frenado esfuerzos a nivel federal, pese a la audiencia que realizó el congreso en 2010 ante el Subcomité de la Cámara de Representantes para las Familias y Comunidades Saludables.

Se han presentado varios proyectos de ley a lo largo de los años con el objetivo de prohibir los castigos físicos, el más reciente en 2017. No obstante, hasta el momento no ha habido un debate ni una votación al respecto dentro de la Cámara de Representantes, según comentó Gershoff.

“Creo que uno de los motivos por los que no ha avanzado la legislación es que los ciudadanos no están enterados de que esto todavía sucede”, afirmó. La mayoría de los estadounidenses “muy probablemente asumen que es ilegal en todo el país”.

Los datos sobre el castigo físico a nivel federal son limitados
Todo lo que se sabe acerca del castigo corporal en Estados Unidos a nivel nacional se reduce a un conjunto de datos administrado por la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de ese país.

Sin embargo, el alcance de los datos a nivel federal es un poco restringido.

A pesar de que clasifica a los estudiantes por raza, género y condición de discapacidad, no revela el tipo de discapacidad que tiene cada alumno.

Los datos tampoco clarifican la clase de castigo físico que recibió el estudiante, si el contacto físico requirió de tratamiento médico posterior o la razón por la que el alumno recibió el castigo.

En algunos estados de Estados Unidos se está trabajando para recabar datos más allá de lo que exige el gobierno federal. Este año, Tennessee promulgó una nueva ley que requiere que las escuelas incluyan detalles adicionales en sus reportes, incluyendo la razón detrás de cada castigo corporal. Estos datos podrían ser una guía para esfuerzos futuros que buscan prohibir los castigos físicos en su totalidad.

Titular: Jimena Trombetta
Fuente New York Times